El Gobierno se mueve. Pero poco.

No sé si el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, pese al optimismo sin límites de su equipo, ha aceptado como buenos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, o simplemente no ha podido sobreponerse a la presión ambiental que ha encontrado en la cumbre del Foro Económico Mundial que estos días se celebra en la localidad suiza de Davos. El caso es que en su intervención en este foro, al que hasta ahora nuestro presidente se negaba a acudir, ha anunciado por fin inminentes medidas para reducir el gasto público en la nada desdeñable cifra de 50.000 millones de euros en los próximos ejercicios.

Este anuncio, unido a la intención del ejecutivo de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, son quizás los primeros pasos en la dirección adecuada que desde el Gobierno, máximo responsable de las políticas económicas de nuestro país, da en la dirección correcta.

No les diré que esté personalmente entusiasmado con la perspectiva de alargar mi vida laboral dos años más, pero si le diré que la gravedad de la situación de la econonomía española, la única economía del primer mundo que en 2010 se seguirá contrayendo, requiere medidas que garanticen la estabilidad del país en esta materia a medio y largo plazo.

Sin embargo, y dando por buenas estas dos medidas, a falta de conocer los detalles de las mismas, queda mucho por hacer. La reforma profunda de las leyes que rigen el mercado del trabajo en España, es una necesidad clamorosa que se nos pide ejecutar desde todas las instancias económicas dentro y fuera de nuestro país. Y ahí, tengo mis dudas de que se vaya a actuar con sentido común. El coste político de una reforma estructural de este tipo es alto, y en demasiadas ocasiones, el ejecutivo ha demostrado que gobierna primero de cara a la galería y a las urnas. Y después, con sentido común.

La solución para poder afrontar medidas valientes en materia de economía y empleo es, en teoría sencilla. Medidas impopulares pero necesarias no deberían ser tomadas en solitario por el partido que gobierna, sino que deberían ser fruto de un gran pacto de estado y ser, por tanto, firmadas al menos, por los dos grandes partidos políticos.

Quizás usted piense que estoy pidiendo un imposible. Pero si tenemos en cuenta que PP, PSOE y BLOC han sido capaces de ponerse de acuerdo para defender el parany en un foro tan crispado como es el pleno de la Diputación de Castellón, ¿no cree que también serán capaces de ponerse de acuerdo para pactar las necesarias reformas que requiere nuestra economía y de las que depende en definitiva al futuro de todos y cada uno de nosotros? Tengamos fe.