Sobre la financiación de los partidos políticos y las filtraciones del Ministerio del Interior al Grupo Prisa.

Cuando ya dábamos por finiquitada la rama valenciana del Caso Gurtel con el sobreseimiento de la causa abierta contra Camps, Costa, Betoret y Campos por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano -por el asunto de los trajes-, aparece ahora un documento policial que desvela una supuesta financiación ilegal del Partido Popular valenciano vía Orange Market, con la supuesta participación de importantes empresas de la Comunitat, y con la participación directa del vicepresidente Vicente Rambla y del secretario de los populares valencianos Ricardo Costa.

Sin obviar la intencionalidad política de la publicación de este documento, filtrado una vez más desde el Ministerio del Interior al Grupo Prisa, hay que estar muy atentos a este giro inesperado del asunto. Podemos abrir de nuevo el debate de si la legislación vigente sobre la financiación de los partidos políticos en España es la adecuada, o habría que modificarla para implantar en modelo americano en que las contribuciones de las empresas a los partidos son legales y públicas. Pero mientras esta quizás deseable modificación de las reglas del juego no se produzca, los partidos están obligados a cumplir la legislación vigente, por poco acertada que pueda parecernos.

Por ello es deseable que este asunto se aclare. Desde el PP, tanto a nivel estatal como en la Comunitat, se niega con rotundidad que exista financiación ilegal del partido e incluso, como ha afirmado hoy González Pons, se sugiere que el documento puede ser un montaje. Si tenemos presente que las cuentas del Partido Popular están auditadas, no debería haber problemas para rebatir, con todo detalle, las afirmaciones que se extraen del documento en cuestión. Eso sí, las oportunas aclaraciones hay que realizarlas ante la justicia, si es el caso, y no ante la opinión pública.

Preocupa la situación de indefensión a la que se enfrenta en este caso el Partido Popular valenciano ya que conocen a través de los medios las graves acusaciones que se les imputan. La presunción de inocencia, y la preservación del secreto sumarial, parece que no funcionan en este país. Y eso, mi querida Lorena, debería preocuparnos.